Cambiar o no cambiar, ésa es la cuestión

Probablemente el más grave error que cometieron los constitucionales del 78 fue blindar el texto para que no pudiera ser reformado en algunas cuestiones clave. Hicieron una constitución “para toda la vida”. Por supuesto que en el propio texto se contempla una eventual reforma, pero las cautelas y el procedimiento laberíntico con que se protege el núcleo duro son tales que ronda lo imposible. Aparte las trabas legales están las mentales adquiridas en un peculiar análisis del pasado reciente (XIX y XX) que demoniza el cambio y los tanteos en la construcción de un Estado moderno, lo que, inevitablemente, es una tarea sin fin porque la modernidad es una meta móvil que nunca se alcanza.

La Constitución de 1876 llegó a un callejón sin salida a principios del XX y la necesidad de su reforma se convirtió en el problema político por excelencia; sin embargo, el debate se prolongó años, enredándose con problemas sociales y territoriales, como no podía ser de otra forma, de manera que las soluciones empezaron a buscarse fuera de ella. Al final, fue suspendida (dictadura de Primo de Rivera) e ignorada definitivamente con la proclamación de la República (1931).

Paradójicamente la preocupación de los redactores del 78 por no repetir la historia es lo que ha hecho que se repita. De nuevo estamos ante una crisis constitucional que los recursos del texto y las mentalidades políticas dominantes son incapaces de digerir. Seguramente la reforma no llegue nunca o se quede corta, con los nubarrones que eso permite predecir.

La forma del Estado y la cuestión territorial son dos problemas candentes. El primero porque no es posible borrar la sombra de ilegitimidad en el origen de la restauración monárquica (la segunda de 1874 para acá) sin una consulta separada. De hecho el temor a que se plantee esta cuestión bloquea cualquier reforma, lo mismo que impulsó el férreo blindaje actual. Y no se entiende, porque los beneficios derivados de la legitimación democrática compensarían con creces el riesgo de rechazo, problemático porque la opinión pública es siempre temerosa de novedades.

La cuestión territorial es producto de un cúmulo de torpezas en el devenir político desde la Transición, en las que he insistido otras veces, y de una contradicción originaria, que en otro tiempo pudo parecer una obra maestra del consenso: el maridaje entre la organización provincial de los regímenes anteriores, ferozmente centralistas, y la descentralización que encarnarían las comunidades autónomas. Aunque la autonomía reside en las comunidades lo cierto es que la representación ciudadana, incluido el Senado, supuesta cámara territorial, es estrictamente provincial. Fuera un acierto o un bodrio jurídico la verdad es que, aparte de no sacar al Senado de su inutilidad, chirría de mala manera. Javier de Burgos en 1834 diseñó las provincias para superar, con criterios de modernidad (de la época), la división territorial histórica, que conservó en las regiones, pero vacías por completo de contenido político-administrativo. La transición invirtió el proceso al optar por la descentralización, pero, por las razones que fueren, las provincias mantuvieron su protagonismo político.

Son muchas las contradicciones que se han agravado con la crisis y que reclaman un arreglo. ¿Serán las elecciones próximas el desencadenante de una solución? No puedo evitar dudarlo seriamente.